El Gobierno amplia la garantía de los bienes a 3 años, cumpliendo una reiterada demanda de las asociaciones de personas consumidoras
En el marco de la lucha contra la obsolescencia y el tránsito hacia una economía más sostenible, el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Consumo la ampliación de los plazos de garantías legales de bienes duraderos de dos a 3 años. Además, también incrementa de cinco a 10 años el tiempo mínimo en el que los fabricantes estarán obligados a disponer de piezas de repuesto, una vez que el producto deje de fabricarse.
La nueva normativa también incrementa de seis meses a 2 años el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad. Durante este período de 2 años se supone que el fallo o falta de conformidad ya existía en el momento de la compra. Por su parte, el empresario tendrá que demostrar que la falta de conformidad no existía en el momento de la entrega si quiere oponerse a la reclamación. Texto completo: Garantías Bienes Duraderos_ampliación derechos 28abril2021
Asimismo, la norma recoge, por primera vez, las garantías relacionadas con la contratación de contenidos y servicios digitales que la persona consumidora obtiene gratis a cambio de sus datos personales. En esta categoría figuran programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas. Mientras que se consideran servicios digitales “todos los que permitan la creación, el tratamiento, el acceso o el almacenamiento de datos en formato digital”, lo cual incluye software de intercambio de vídeos y audio, alojamiento de archivos, tratamiento de texto, juegos online, así como redes sociales, correo electrónico y servicios de mensajera instantánea.
La ampliación del plazo de garantía de los bienes duraderos (automóviles, electrodomésticos de línea blanca o marrón, aparatos electrónicos, aparatos de telefonía, aparatos informáticos…)
es una medida largamente demandada por las asociaciones de personas consumidoras, por su importancia para reforzar los derechos en materia de consumo, luchar contra la obsolescencia programada y favorecer la economía circular.
